Un rasgo dominante en las naciones de alto desarrollo industrial ha sido que el Estado cumpliera un rol central  en el proceso de innovación y desarrollo tecnológico innovación. El Breakthrough Institute, un think tank de los Estados Unidos que ha seguido estos procesos, ha señalado en sus estudios que el Estado de ese país, además de financiar por diversas vías el desarrollo de las ciencias básicas y de la educación universitaria, prerrequisitos indispensables del desarrollo tecnológico, ha impulsado y financiado desde siempre el desarrollo de diversas tecnologías que en su momento aparecían como disruptivas, en especial mediante el mecanismo de compra estatal. Los países como el nuestro, que han desarrollado tardíamente su capitalismo, lo han hecho en condiciones de dependencia respecto de los países capitalistas más avanzados. Obviamente, esos Estados desarrollados no recomiendan a los países dependientes que sigan sus procedimientos, porque eso impediría la dependencia de los más débiles y perjudicaría los negocios tecnológicos de las grandes potencias.

      En nuestro país, y siguiendo la típica receta de un gobierno colonizado que hace lo que el amo le indica, la actual gestión de Cambiemos ha aplicado una política contraria al desarrollo tecnológico autónomo y el interés nacional, retirando al Estado del proceso de expansión que se venía impulsando en ese campo durante la década anterior. Un claro ejemplo de esa política ha sido la liquidación del proyecto de desarrollo y construcción del satélite de telecomunicaciones Arsat-3, que ha abierto las telecomunicaciones locales a satélites operados por empresas multinacionales. Para ese proyecto del gobierno ni la ciencia ni los científicos son necesarios. De ahí que el porcentaje dedicado en el presupuesto nacional a la ciencia se ha reducido en forma notable, lo mismo que el ingreso de nuevos investigadores al Conicet. Y eso porque esa política es coherente con un proyecto desindustrializador que pretende la vuelta a una economía solo de productos primarios.

        En este aspecto, el libro ¿Qué ciencia quiere el país?, del conocido ingeniero y analista científico Eduardo Dvorkin, analiza en profundidad la relación que hay entre los estilos tecnológicos y los proyectos políticos nacionales. Y ubica al estilo de Cambiemos dentro de las posturas que propugnan como modelo económico del país una mayor concentración en la producción de commodities exportables y la dependencia de la tecnología extranjera y no propia, lo cual lleva inevitablemente a la acumulación de la riqueza en grupos minoritarios de privilegiados por el poder. En todo este volumen, integrado además de los aportes de Dvorkin por artículos de otros autores, se sostiene la importancia del rol del Estado en el desarrollo de la ciencia y la técnica y como ámbito que recoge demandas productivas y las dispone con una idea de tiempo largo, inversiones adecuadas y riesgos propios de los proyectos tecnológicos en las instituciones públicas, no que apuesta a la competencia lucrativa que caracteriza a la empresa privada. En ese sentido, el libro aporta un estudio exhaustivo de todos los avances que se realizaron en la década anterior en el campo de la ciencia y la técnica, pero también adelanta ideas acerca de la necesidad de elaborar un proyecto nacional orientado a recorrer el camino de la complejización autónoma de la matriz productiva y de la inclusión, para lo cual sugiere, entre otras cosas, estimular la existencia de un ambiente intelectual  de formación de científicos y profesionales para acometer los desafíos del desarrollo autónomo de conocimientos; formar reservorios de conocimientos en las universidades nacionales y en los institutos de investigación y también estimular el pensamiento crítico, fuente permanente de superación de lo existente y de la creación de conocimientos innovadores. Todo lo cual hace de este trabajo una contribución valiosísima al estudio de los temas acuciantes relacionados con la ciencia y el impulso de una política de decisiones soberanas en la nación.