Vacunas, ¿sí o sí?
El caso de la beba de 8 meses que recientemente recibió un diagnóstico autóctono de sarampión en la ciudad de Buenos Aires, algo que no sucedía desde hacía 18 años, puso sobre la mesa, una vez más, la polémica generada por quienes se oponen a la administración de vacunas o, al menos, reclaman la libertad de poder elegir si vacunar o no a sus hijos, aunque este no haya sido el caso. Las opiniones científicas más difundidas señalan que, lejos de provocar trastornos indeseados, algunos de extrema gravedad, las vacunas salvan vidas. Así lo demuestra el Global Burden of Disease Study (GBD), que concluyó que entre 1990 y 2010 se redujeron en un 80% las muertes por enfermedades prevenibles por vacunación. En el caso del sarampión, por ejemplo, en 1990 murieron más de 630.000 personas, mientras que veinte años después esa cifra bajó a alrededor de 100.000.
Los pedidos de eximición de la obligación de vacunarse son, para algunos científicos, la causa de los rebrotes de ciertas enfermedades. Por eso, con el argumento de priorizar la salud pública por sobre las creencias o principios esgrimidos para no vacunar, en algunos países se empezó a prohibir la presentación de pedidos excepcionales y/o multar a quienes no vacunan a sus hijos. Después de un brote de sarampión surgido en los parques temáticos de Disneyland, en California, que luego se propagó a otros estados vecinos y a México y Canadá, se sancionó una ley que impide recurrir a amparos. Así, según informes oficiales, las tasas de vacunación en los jardines de infantes californianos pasaron del 90,2% al 95,6%. Al mismo tiempo, en Italia se imponen multas de 500 euros a los padres que no vacunan a sus hijos, cifra que se eleva a 2.500 euros en Alemania. En Australia, en cambio, las multas son para las guarderías, jardines y escuelas que permiten la asistencia de chicos que no fueron vacunados y la eliminación de beneficios impositivos a los padres.
Sin embargo, los grupos antivacunas proliferan en todo el mundo, la Argentina incluida. La organización Libre Vacunación, por ejemplo, pide la derogación de la ley 22.909, que establece la vacunación obligatoria en todo el país, dejando a criterio de los padres la utilización o no de este método de prevención sanitaria. Los argumentos esgrimidos tienen que ver con la falta de efectividad de muchas vacunas y los efectos adversos de algunas sobre las poblaciones vacunadas, que pueden provocar, dicen, hasta cinco veces más enfermedades crónicas (alérgicas, autoinmunes, nerviosas y tumorales) que sobre las no vacunadas, y otros trastornos de mayor gravedad.
El doctor Eduardo Ángel Yahbes, una de las voces científicas locales que cuestionan el uso de vacunas, dice: “En principio hay que saber que no todas las vacunas generan una adecuada eficacia (elevación de anticuerpos), como pasa con la vacuna contra paperas, o el hecho de que la produzca sea efectiva para prevenir la enfermedad, como pasa con la antitetánica. La respuesta a las vacunas es parcial, no todos responden y tampoco responden en valores adecuados para la prevención. Por otra parte, su nivel cae en el tiempo. Esto también se debe al hecho de que al no haber brotes de la enfermedad, no se produce efecto refuerzo por contacto de los vacunados con los gérmenes ‘salvajes’. Por ello se producen brotes en poblaciones vacunadas hasta en un 100%. Y un bebé de 8 meses puede contagiarse debido a que la madre no le ha pasado anticuerpos adecuados durante el embarazo y tampoco tiene células inmunes en su leche para transferir inmunidad a su hijo a través de la lactancia. Vacunar más precozmente aumenta los riesgos de efectos adversos, como el autismo regresivo, lo que quedó comprobado por el mismo CDC norteamericano en su estudio con la vacuna MMR (sarampión, paperas, rubéola) en niños afroamericanos hasta los 36 meses”.
Por supuesto, estos estudios se enfrentan a otros que demuestran lo contrario. La norma mayormente aceptada es que la vacunación evita muertes y que las excepciones a la obligatoriedad de vacunarse son potencialmente una amenaza para la salud pública. Lo que se persigue es lo que se conoce como “inmunidad de rebaño”, que se logra, según los especialistas en inmunología e infectología, vacunando a “toda” la población expuesta a las enfermedades que se busca prevenir. Sin embargo, el año pasado una diputada oficialista presentó un proyecto de ley que planteaba terminar con la obligatoriedad del calendario de vacunación. La legisladora Paula Urroz, del bloque de Unión Pro, proponía, entre otras cosas, que los adultos pudieran desistir de la vacunación de los menores a su cargo. “Se debe alertar sobre los riesgos de las vacunas y tras ello dejar a libre conciencia del adulto si el menor debe ser vacunado o no”, señalaba el proyecto, que no prosperó. “No soy militante antivacunas, sino simplemente es un proyecto que propone que se respete el derecho de consentimiento informado frente al acto de la vacuna, es decir, que si por prescripción médica no es conveniente que una persona se vacune, quizá por alergias o por lo que sea, tenga el derecho a optar no vacunarse”, declaró en su momento.
Las respuestas no se hicieron esperar. Especialistas en la materia señalaron que las vacunas no causan más alergia, salvo la vacuna contra la gripe, que puede hacerlo en algunos casos. También indicaron que existe un registro nacional de efectos adversos de las vacunas, que puede consultarse en los vacunatorios. Y la Comisión Nacional de Inmunización (CONAIN), una dependencia del Ministerio de Salud de la Nación, cuyos integrantes, expertos en inmunología, realizan un informe de cada vacuna que se incorpora al calendario.
En la Argentina, el calendario vacunatorio oficial contempla la administración de 19 vacunas gratuitas y obligatorias para los recién nacidos; a los 2, 3, 4, 5 y 6 meses; entre los 6 y los 24 meses; a los 12 y 15 meses; entre los 15 y los 18 meses; a los 18 meses; entre los 5 y los 6 años; a los 11 años; durante el embarazo; adultos, y adultos mayores (ver calendario completo en https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas).
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