Más allá de cuestiones religiosas o filosóficas, e incluso constitucionales, ya que nuestra ley fundamental considera que la vida humana comienza en el momento mismo de la concepción, el aborto es una realidad que ninguna prohibición logró impedir. La interrupción voluntaria de un embarazo no deseado trasciende todas estas fronteras morales o ideológicas y se convierte en un tema que, al mismo tiempo, contempla el derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo y pone en primer plano las consecuencias frecuentes de practicarlo en la clandestinidad, que pone en riesgo la vida de quien se somete a prácticas en condiciones sanitarias a veces inexistentes.

Tema de salud pública, pero también de reivindicación feminista, por primera vez se trata en el Congreso de la Nación un proyecto de ley –presentado anteriormente siete veces en trece años– que esencialmente señala que “toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. El proyecto surge del trabajo que viene realizando la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que surgió del reclamo de 20.000 mujeres reunidas en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en Mendoza en 2004. La iniciativa arrancó con 70 agrupaciones y hoy son más de 300 las organizaciones, grupos y personalidades vinculadas al movimiento de mujeres, organismos de derechos humanos, al ámbito académico y científico, trabajadores de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupados, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles y religiosos, según se detalla en el proyecto de ley. 

Desde el 10 de abril, personalidades de muy distintos sectores manifiestan sus argumentos a favor o en contra de la aprobación de la norma en el marco del debate parlamentario. Al mismo tiempo, una serie de colectivos de mujeres, reunidos en torno a sus profesiones, participan de diferentes actividades de difusión y se reúnen para firmar una carta abierta dirigida a los legisladores, que en definitiva serán quienes levanten la mano a favor de la ley o en contra de ella. Ya se manifestaron en este sentido actrices; músicas y trabajadoras de la industria musical; camarógrafas y fotógrafas; cineastas y trabajadoras de medios audiovisuales; dibujantes; comediantes; bailarinas; investigadoras y universitarias; locutoras; arquitectas y diseñadoras; trabajadoras por los derechos de la niñez y la adolescencia; investigadoras del Conicet; trabajadoras de la salud mental; periodistas y comunicadoras.

Los fundamentos para promover la aprobación de la norma, acompañada por la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, se apoyan en cifras locales y globales. El Ministerio de Salud de la Nación reconoció en 2015 que en la Argentina se practican anualmente entre 370.000 y 522.000 abortos, a partir de una estimación ya que por su carácter clandestino no hay cifras oficiales. Otro dato, que no alcanza a mensurar el problema aunque habla de una práctica generalizada, indica que en 2011 hubo 47.879 egresos hospitalarios por complicaciones con abortos, de los cuales el 19% correspondió a mujeres menores de 20 años, pero la información no distingue entre abortos espontáneos y provocados.

El aborto sin ley no es un invento argentino. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se practican a nivel global unos 25.000.000 de abortos inseguros, sobre todo en América latina, Asia y África, donde una de cada cuatro mujeres no tiene acceso legal a la interrupción voluntaria del embarazo, según el informe anual que publica desde 1998 el Centro por los Derechos Reproductivos, una organización internacional. De acuerdo a la información que provee esta organización, más del 60% de la población mundial reside en países con leyes permisivas sobre el aborto. El Centro clasifica a los países en cuatro categorías, que van desde los que tienen prohibición absoluta y con castigo penal, a los que permiten el aborto sin restricciones (por ejemplo, Uruguay), pasando por los de alta restrictividad y los que contemplan las situaciones en las que está en riesgo la salud de la mujer, que es el caso de la Argentina. Según el artículo 86 del Código Penal, un médico puede practicar un aborto y se lo considera no punible solo en dos casos: “1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

En busca de la igualdad

La legislación que se propone para la interrupción voluntaria del embarazo tiene, además, otros elementos. Por un lado, busca legitimar una práctica que se viene haciendo desde hace mucho tiempo para dotar a todas las mujeres de la seguridad sanitaria que se necesita para su realización. Esa legitimación, que pondría la práctica en manos de profesionales e instituciones médicas, terminaría –o reduciría a un mínimo estadístico– las consecuencias sobre la mujer abortante, que en algunos casos, cuyo número se desconoce (según estima la Campaña Nacional, desde 1983 murieron más de 3.000 mujeres por abortos inseguros), termina con la muerte y representa, se estima, el 18% de la mortalidad materna. Es decir que atacaría dos injusticias flagrantes: la de género, ya que la decisión de interrumpir un embarazo no deseado recae en grandísima medida en la mujer, y la de desigualdad social, ya que en los sectores medios y altos los abortos, aunque igualmente clandestinos, se realizan por médicos en lugares apropiados, en condiciones de sanidad e higiene adecuadas y con cierta seguridad y cobertura médica y jurídica, mientras que en los sectores medios bajos y bajos se practican en lugares inapropiados, por personas que por lo general no están capacitadas para hacerlo, con métodos no científicos y en condiciones de sanidad e higiene mayormente deplorables.

Como si se tratara de un referendo, que no lo es, las posturas ciento por ciento a favor o en contra han sufrido últimamente, en especial las de quienes históricamente se opusieron, cierto corrimiento a considerar al aborto como un tema de salud pública por parte de personalidades que esgrimían argumentos de origen mayormente religioso, moral, ético o filosófico para no acordar con la idea. La contracara de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito es la de los llamados grupos “Pro Vida”. Una nueva cruzada, con el lema “Cuidemos las dos vidas”, con figuras de la TV y el deporte, pone el acento en la necesidad de proteger la vida de la madre pero también de preservar el crecimiento del embrión, independientemente del origen de la fecundación o del deseo y/o las posibilidades (familiares, sociales, económicas) de la mujer para seguir adelante con el embarazo.

A nivel legal, quienes se oponen señalan que la Constitución Nacional considera que hay vida desde la concepción, postura basada en presuntas evidencias científicas pero quizá más en doctrinas religiosas. También explican que el Estado reconoce este estatus al otorgar a la mujer la Asignación Universal por Hijo desde el inicio del embarazo. Y que la Convención sobre los Derechos del Niño en la Argentina entiende por tal a todo ser humano desde el momento de su concepción hasta sus 18 años de edad.

El debate sobre el aborto, como todo debate celebrado en libertad, es bienvenido. Cada uno y cada una de quienes se manifiestan a favor o en contra del proyecto tienen el mismo derecho a hacerlo. Luego, decidirán nuestros representantes en el Congreso. En el caso de aprobar la ley, la Argentina se convertirá en el país más poblado de América latina en contar con una legislación moderna sobre el tema.