La provisión de agua potable ya es considerada un derecho humano de segunda generación. Más del 40% de la población mundial padece aún problemas de salud por los deficientes servicios de agua y saneamiento.

Las cifras son contundentes, y alarmantes: 884 millones de personas en el mundo carecen de acceso seguro al agua potable, 2.600 millones de personas carecen de acceso a un saneamiento básico -el 40% de la población mundial- y cerca de la mitad de los habitantes de los países en vías de desarrollo está padeciendo problemas de salud causados por deficientes servicios de agua y saneamiento, lo que contribuye a la muerte anual de 1,5 millones de niños por enfermedades relacionadas con la falta de salubridad.

Según un reporte del 2009 de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, cada día, 24.000 niños mueren en los países en desarrollo por causas que pueden prevenirse como la diarrea producida por el agua contaminada. El dramatismo de esta situación impulsó a las Naciones Unidas a tomar cartas en el asunto: el  28 de julio del año pasado, la Asamblea General de ese organismo declaró -mediante la Resolución A/RES/64/292- el acceso seguro a un agua potable salubre como un derecho humano básico para el desarrollo de la vida.

La aceptación de la realidad que padecen los países y regiones más pobres del globo, y el reconocimiento del acceso al agua como derecho, son los primeros pasos, necesarios aunque insuficientes todavía, para llegar a alcanzar algún día la solución esperada.

La resolución de la ONU presupone que el agua potable, más que una mercancía o un servicio caritativo que pueda ofrecerse a los afectados, es un derecho al que todos los ciudadanos del mundo deben tener acceso y que los Estados nacionales están obligados a atender.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son necesarios entre 50 y 100 litros de agua -libre de microorganismos y sustancias químicas dañinas- por persona al día para cubrir las necesidades básicas y evitar riesgos para la salud.

Reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente integral de la realización de todos los derechos humanos, la ONU declaró el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para la vida y exhortó a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros, propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua.

Argentina se pronunció a favor de la resolución de la ONU, entendiendo que es una de las responsabilidades principales de los Estados asegurar a sus habitantes el derecho al agua, a efectos de que mantengan un nivel de vida adecuado.

Un caso testigo, en Argentina

La contaminación del agua y la falta de acceso seguro al agua potable afectaba hasta no hace mucho, entre otras regiones, a los barrios pobres de la ciudad de Córdoba, capital de esa provincia. Al no disponer de conexión con la red pública de distribución de agua, esos barrios dependían de los pozos de aguas subterráneas que se encontraban fuertemente contaminadas por sustancias fecales y otros productos tóxicos. El Tribunal del Distrito ordenó a las autoridades municipales tomar medidas para abordar la situación y minimizar el impacto ambiental de la planta hasta encontrar una solución permanente para su funcionamiento. También, suministrar 200 litros de agua potable salubre por hogar al día hasta que quedara garantizado el total acceso a los servicios públicos de agua.

Algunas aclaraciones válidas

Según la resolución de la ONU los servicios de agua y saneamiento necesitan ser asequibles para todos, lo que no significa que sean gratuitos: se espera que las personas contribuyan financieramente o de otra manera en la medida que les sea posible. El derecho de acceso al agua supone, además, un cuidado en la utilización de este recurso, limitado, en el uso personal y doméstico, de manera de salvaguardar el derecho del que también gozarán las generaciones futuras.

Es importante destacar que un país que no garantiza el derecho al agua y saneamiento a todos sus habitantes está violando un derecho humano, y que por ende deberán diseñarse las políticas que permitan la implementación progresiva de tecnología a fin de cumplir con este objetivo.