El sistema universitario argentino ha tenido en las últimas décadas, aunque en especial en el más reciente decenio, un poderoso e importante crecimiento. Hasta hace medio siglo había en el país 9 universidades públicas levantadas en torno a grandes centros urbanos. Era un sistema universitario chico de universidades grandes. Pero ese sistema se fue enriqueciendo y ampliando, durante esos cincuenta años, en tres grandes oleadas de creación de nuevas casas de estudio hasta llegar hoy a la cantidad de 54 universidades. La primera oleada tuvo lugar por 1968 con el llamado plan Taquini. La segunda en la primera mitad de los años noventa. Y la tercera y más significativa en términos absolutos, es la que se ha llevado a cabo desde 2003 hasta la fecha. La creación de estas universidades, sobre todo la que se verificó durante estos últimos doce años, tuvo consecuencias importantísimas, entre ellas, la de generar un proceso de democratización muy fuerte de la educación en general y de la universitaria en particular, una amplia expansión de los derechos al conocimiento en todos los ciudadanos. Sobre este tema tan vital, Revista Cabal conversó hace pocos días con el ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento y hoy investigador y docente  de esa casa de estudios, Eduardo Rinesi, además de director del AFSCA.

¿Qué significa para vos este proceso de multiplicación de las universidades?
Claramente, la conquista de un conjunto de posibilidades que antes no estaban. De ellas, la que me interesa especialmente del proceso que se ha dado en la Argentina, y trato de destacarla con mucho énfasis en el libro que publiqué hace poco tiempo, Filosofía (y) Política de la Universidad, es el logro de una fuerte democratización en ese campo. O sea una ampliación de los derechos y del abanico de posibilidades cuya inexistencia nos habíamos acostumbrado a naturalizar por creer que eran solo prerrogativas o privilegios de algunos sectores. Y que hoy visualizamos como derechos universales, como posibilidades que deben ser ciertas y efectivas para todos. En relación a eso, una de las últimas novedades interesantísimas del último período argentino es la transformación de la educación en general, e incluso de la educación universitaria en particular, en un derecho humano universal.

Ese derecho ya está hoy contemplado en la ley, ¿no es así?
Efectivamente, ahora es así. Hasta hace pocas semanas yo decía que la ley positiva de este país no contemplaba ese concepto. E invocaba en contraste un documento que es la declaración final de la Conferencia Regional de la Educación Superior del IELSAC, perteneciente a la UNESCO y reunida en Cartagena de Indias en 2008, donde entre otras cosas se sostenía que la educación universitaria es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. La verdad es que, desde fines de octubre, la ley positiva de nuestro país dice ya que el acceso a la universidad es un derecho de esa naturaleza. Eso se logró a través de la reforma de la ley de Educación Superior que promovió la diputada Adriana Puiggrós y que recibió sanción definitiva en el Congreso. Es un paso muy importante, en primer lugar por una razón simbólica. La ley de Educación Superior era la única norma referida al mundo educativo que no había sido reformada, transformada o reemplazada en los últimos dos años y medio respecto de lo que se había votado oportunamente en los años del menemismo. Teníamos una ley de educación nacional nueva, una ley de educación técnica nueva, pero no teníamos una ley de educación universitaria nueva. Hoy todas las leyes educativas del menemismo han sido reformadas por el actual gobierno.   

¿Y qué importancia tiene esa sanción en relación a los contenidos? 
Los cambios más relevantes en ese aspecto son tres. Uno: la nueva ley de Educación Superior dice por primera vez que la educación universitaria es un derecho universal y una responsabilidad del Estado. Por supuesto, que una ley diga que algo es un derecho no convierte a eso inmediatamente en un derecho ejercible por los ciudadanos, pero esa declaración es trascendente. Y nos da una base diferente para discutir la incorporación de vastos sectores sociales a la vida universitaria. En segundo lugar, y en términos más concretos, la reforma afirma que la universidad debe asegurar el ingreso irrestricto a sus cursos de grado. Eso tiene mucho valor porque, si bien nuestras universidades tienden a tener ingreso irrestricto, esa irrestricción no es plena ni incondicionada. Hay una cantidad de mecanismos a través de los cuales las universidades se vuelven a veces sumamente selectivas. Y en rigor, la posibilidad de representarnos a la universidad como un derecho requiere eliminar esa forma de selección.

¿Y eso es fácil?
Me parece que es un desafío muy grande para el que no es seguro que estemos preparados. Porque, la verdad, la universidad es una institución que, en la historia de Occidente, tiene en números redondos unos mil años de existencia y a lo largo de ese tiempo nunca se pensó a sí misma como una institución encargada de garantizar nada que pudiera representarse como un derecho. En realidad, siempre se pensó como lo que fue: una máquina de fabricar elites. Y debido a esa circunstancia, esas viejas instituciones que tienen hoy una autorrepresentación, un funcionamiento y una lógica fuertemente jerárquica, excluyente y selectiva. Bueno, a esas instituciones les pedimos hoy que hagan otra cosa, que garanticen a todo el mundo lo que por primera vez podemos representarnos como un derecho universal. Y no están preparadas para ese objetivo, hay que prepararlas. De modo que, como digo, es un reto muy fuerte.

¿Y cuál es el tercer tema al que te referías?
El otro tema es la garantía de gratuidad de los cursos de grados en todas sus modalidades, lo cual a pesar, de que también en casi todas las universidades es así, siempre existen formas de dictado y otras situaciones que han permitido formalizar el cobro de matrículas. En ese marco, que la ley diga taxativamente que no se puede cobrar arancel es muy relevante. A todos estos factores me  refiero cuando hablo de la importancia que ha tenido multiplicar el número de universidades. Nos acerca efectivamente a la posibilidad de representarnos a la universidad como un derecho. Y todo eso se vuelve viable en función de otras medidas que se han tomado a lo largo de estos años. Como, por ejemplo, haber establecido también por una ley nacional la obligatoriedad de la escuela secundaria. Cuando ésta se torna, por lo menos tendencialmente universal (y convengamos que falta todavía bastante para lograrlo), ese nuevo contexto hace más fácil la idea de pensar la universidad como un derecho también universal. En la medida en que la escuela secundaria no era concebida como obligación de todos los ciudadanos, la educación universitaria era un privilegio que solo podía darse una parte pequeña de aquellos que previamente se habían dado el lujo de hacer un nivel educativo que nadie les exigía.

 
Las universidades creadas en lugares más cercanos a los estudiantes también han contribuido a hacer efectivo ese derecho.
Sin duda, el aumento del número de la cantidad de instituciones ha contribuido a eso. Porque, aunque la Constitución Nacional o la ley digan que el Estado garantiza el derecho a la universidad, si vos querés ir a la universidad y, en virtud del lugar donde naciste o vivís, no tenés ninguna a menos de 800 o 1000 kilómetros, como era el caso mucho tiempo atrás, las posibilidades efectivas de ejercer ese derecho se ven limitadas a la facilidad de tu papá de ponerte un departamento o alquilártelo en La Plata u otro lugar. Pero, si como hoy, todos los jóvenes argentinos disponen de la posibilidad y la obligación de tener escuela secundaria; tienen una universidad a no más que un rato razonable de distancia de la casa, y complementariamente, son apoyados por una cantidad de políticas activas y públicas para sostener sus estudios secundarios y terciarios, todos esos factores hacen que sea mucho más sencillo representarnos, por primera vez en la historia, la universidad como un derecho humano y universal.