Hace unos seis meses, el Poder Ejecutivo Nacional designó, a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), al prestigioso filósofo y politólogo Eduardo Rinesi para ocupar el puesto que había dejado vacante Eduardo Seminara en el Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Seminara, ex vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, debió ocupar imprevistamente la banca del fallecido diputado nacional Jorge Obeid, de Santa Fe, del que había sido elegido suplente. El directorio del AFSCA está integrado por siete miembros: dos designados por el Poder Ejecutivo Nacional, entre ellos el presidente; tres nombrados por el Parlamento Nacional (uno por la mayoría o por la primera minoría y dos por las dos minorías subsiguientes) y dos propuestos por el COFECA, que es el organismo que reúne, con un criterio federal, a los actores del mundo de la comunicación audiovisual del país: representantes de las provincias, de las empresas, de los trabajadores, de los pueblos originarios, de las universidades, etc. Una de esas dos personas, afirma la ley, debe representar a las Facultades de comunicación o información del sistema de universidades públicas de la Argentina. Ese puesto era el de Seminara y ahora el de Rinesi, quien fue rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre 2010 y 2014, y sigue enseñando e investigando en esa institución. Con el fin de conocer su nueva labor y, de paso, de conocer algunos aspectos de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cabal conversó días atrás con él en un bar de Avenida de Mayo, mientras afuera caía una lluvia torrencial. Con es habitual en su conducta, Eduardo se prestó con toda buena voluntad y calidez a responder las preguntas de nuestra revista.

¿Cuál es su tarea en ese organismo?

Integro, con otros seis colegas, el cuerpo colegiado de dirección del organismo encargado de la aplicación de la llamada “Ley de Medios”, que debe tomar decisiones de diverso tipo en torno a la problemática de la comunicación audiovisual en el país: reglamentaciones, habilitaciones, otorgamientos de licencias, concursos, toda una amplia variedad de medidas de promoción que el Estado nacional lleva adelante a través del AFSCA, y, por supuesto, toda una amplia variedad de medidas necesarias para hacer cumplir la ley a todos los actores de este mundo tan grande y tan diverso. En ese contexto, un poco por ser, dentro del Directorio, el representante del mundo universitario, y otro poco porque es lo que mejor sé hacer, me he involucrado bastante en el acompañamiento de todas las medidas y las decisiones vinculadas con el papel que pueden y deben jugar las universidades en el mundo de la comunicación audiovisual.

¿Las universidades juegan hoy un papel importante en ese mundo?

Sí, y por varias razones. Primero porque forman a una proporción significativa de los profesionales de la comunicación. Segundo, porque investigan teóricamente, científicamente, los problemas vinculados con la comunicación. Y tercero, porque ahora, gracias a una fortísima política de promoción del Estado nacional (en especial de sus Ministerios de Educación y de Planificación), han empezado a ser protagonistas activos del mundo de la comunicación mediática. Las universidades, en efecto, están hoy produciendo y poniendo en el aire muy buenas señales de radio y de televisión, y pensando seriamente en amplificar mucho esa tarea, con la ayuda –como le digo– del Estado nacional, que está generando todo tipo de dispositivos para asistirlas con inversiones y acompañamientos diversos, incluso normativos, y también imaginando formas colaborativas, asociativas, que les permitan articular esfuerzos, reunir talentos distribuidos en todo el sistema universitario del país y organizar todo eso bajo las formas más adecuadas para atender, en el más alto nivel de calidad, las necesidades y las expectativas comunicacionales de las comunidades en las cuales y con las cuales trabajan.

¿Y en lo relativo a la discusión teórica?

Esa es otra tarea que me interesa mucho: la discusión conceptual, teórica, sobre la comunicación. Que entre nosotros empieza a cambiar de estatuto y a reclamar nuevos instrumentos para ser pensada en la medida en que dejamos atrás el paradigma que nos llevaba a pensarla como una mercancía para abrazar uno diferente, que nos hace concebirla como un derecho humano universal y como una responsabilidad del Estado. Esto tiene una serie de consecuencias que resultan muy interesantes y sobre las que hay que machacar todo el tiempo. Tenemos ocasión de hacerlo, por ejemplo, cada vez que participamos de los Encuentros de Comunicación Audiovisual (ECA) que se llevan adelante en distintos puntos del país, y que próximamente van a converger en una reunión final a desarrollarse en Mar del Plata.   

¿Y esas reuniones son productivas?

Sí, porque nos ponen en contacto con los actores reales de la comunicación: los productores, los sindicatos, las universidades, con los que resulta muy interesante analizar y discutir cómo se van encarando, en el país, los múltiples desafíos que tenemos. Hay también una cantidad de tareas de tipo formativo en las que tratamos de dar una mano. Del AFSCA, por ejemplo, depende el ISER, donde se forman los trabajadores del mundo de lo que antes se llamaba (y la palabra todavía resuena ahí en la sigla de esa institución) la “radiofonía”. Y ahí estamos haciendo algunas cosas: mirando, con un grupo muy competente de colaboradores, los planes de estudio, diseñando y llevando adelante ciclos de capacitación y de perfeccionamiento.

Habitualmente toda esta cantidad de actividades no se tienen en cuenta, y se supone que el tema de la ley y de su aplicación se reduce a la única tarea de lidiar con el Grupo Clarín.

El esfuerzo necesario para que ese grupo acepte que le caben como a todo el mundo las generales de la Ley es muy grande, y es notorio, y tiene, como consecuencia del propio poder que detenta ese conglomerado, una repercusión pública muy evidente. Todos y cada uno de los episodios de este ya muy prolongado esfuerzo ganan con facilidad las pantallas de los televisores y las tapas de los diarios, empezando por los del propio grupo. Y se trata, en efecto, de un asunto muy importante: Precisamente porque el grupo que usted menciona es el actor más relevante en el sistema de comunicación argentina aumenta la importancia de lograr que acepte ajustarse y que se ajuste, de una buena vez, a lo que dice y manda la Ley. Porque eso va a permitir la existencia de más voces, de más libertad de expresión, de mejores condiciones de competitividad para todo el mundo, de mejores debates en el espacio público argentino. Por todo eso es relevante la tarea de que este grupo se adecue. Pero es cierto que si uno pone el foco solo allí, se pierde de ver también, al mismo tiempo, una gran cantidad de logros que son muy trascendentes respecto de lo que a lo largo de estos cinco años de vigencia de la Ley la misma ha ido consiguiendo: muchas nuevas voces, muchos nuevos medios, muchas más posibilidades para muchísimos más actores. El otro día mil y pico de pibes de escuelas secundarias de todo el país que están haciendo radio en sus colegios se reunieron en un encuentro organizado por el Ministerio de Educación en la ex ESMA. Ahora me estoy yendo para Goya, Corrientes, donde dos mil actores de la comunicación del país y de América Latina discutirán su presente y sus posibilidades: son muchas las cosas interesantes y alentadoras que están pasando como consecuencia de la vigencia de la Ley, y esas cosas no se reducen, en efecto, a que lentamente todos vayan aceptando, de peor o mejor gana, que a la Ley hay que cumplirla.

Eso es un avance que corre el riesgo de invisibilizarse.

Cuando pensamos de dónde venimos en relación con el sistema de medios y adónde estamos yendo, el resultado que se ve es una sociedad con más libertad, con más derechos. Es muy interesante pensar hoy que la comunicación pueda ser pensada como un derecho. Eso no era evidente en la Argentina, ni en ningún lado, muy poco tiempo atrás.  Es extraordinario que una Ley de la nación diga: Señores, la comunicación es un bien público, no una mercancía transable en el mercado. Y es un derecho humano universal, y porque lo es el Estado está obligado a garantizarlo. Eso es muy trascendente y constituye un verdadero cambio de paradigma. Ese derecho humano a la comunicación es, como se ha dicho muchas veces, un derecho al mismo tiempo individual y colectivo: de los individuos y del pueblo. Como derecho individual es, a la vez, un derecho “de doble vía”: por un lado es el derecho a recibir información diversa, plural y variada sobre todos los asuntos sobre los que queremos y necesitamos estar informados. Esto es muy importante, porque el ciudadano que vive en una localidad donde hay un solo medio (o varios, pero que tienen el mismo dueño o que responden al mismo interés) no tiene garantizado el derecho a una comunicación variada y plural. Hay más derecho a la comunicación cuando se garantiza una pluralidad, una diversidad de voces. Pero, por otro lado, el derecho a la comunicación es también el derecho del propio individuo a decir lo que se le ocurra, a comunicar lo que le venga en gana, a transmitir y expresar públicamente sus opiniones, sus ideas políticas. Y eso exige un conjunto de condiciones.

¿Cuáles son esas condiciones?

Hay una que pensó tradicionalmente el liberalismo más clásico: que todo el mundo pueda decir lo que se le ocurra sin temor a que venga un policía a darle de cachiporrazos porque no le gusta lo que dice. Eso es una precondición, el abecé de lo que llamamos “libertad de expresión” en el sentido más tradicional. Pero a ese requisito o condición fundamental hay que añadirle otras dos cuestiones que me parecen muy importantes y que complementan ese derecho (necesario, pero insuficiente) a no ser reprimidos ni perseguidos por nuestras opiniones. Una es que el Estado nos garantice que nadie al lado nuestro grite tan fuerte que nuestra propia voz se vuelva inaudible. Porque por más que no venga nadie a perseguirme o a callarme, si al lado mío hay un grandote que grita desaforadamente mi voz no se oye. El componente antimonopólico de la LSCA es vital no sólo por razones de organización económica, digamos, del mercado de la comunicación, no sólo porque la lucha contra el monopolio es un principio elemental de cualquier organización liberal de los mercados (cosa que sabe cualquier persona bien informada y en primer lugar cualquier honesto liberal, pero que parecen desconocer los que se dan a sí mismos el nombre de liberales entre nosotros), sino también por razones vinculadas con la garantía de la libertad de expresión. No hay libertad de expresión si al lado mío alguien opaca o silencia de hecho lo que digo. Y lo otro es que tampoco hay libertad de expresión si no tengo los recursos económicos y humanos, los medios y las capacidades, para poder hacer oír mi voz en el espacio público, que hoy es mucho más complejo que el que pensó el viejo liberalismo, cuando uno se iba a una plaza, ponía un banquito en una esquina, se paraba arriba del banquito y hacía oír su opinión. Hoy no se puede hacer conocer la propia opinión así. Hacer hay que tener un micrófono, un estudio, unos equipos, y eso sale dinero. El Estado (un estado activo y promotor) tiene aquí un papel fundamental.

Ese derecho a la comunicación se parece a lo que a usted le gusta llamar el derecho a la educación.

Alguna vez conversamos, en otra entrevista, sobre todas las implicancias que tiene pensar a la educación como un derecho. Sobre el modo en que eso cambia, debe cambiar, necesariamente, nuestro modo de estar en las instituciones educativas, nuestro modo de enseñar y de vincularnos con nuestros estudiantes. Y pensar que la comunicación es un derecho también es muy importante porque cambia muchas cosas. Cambia nuestro modo de pensar cuál es el lugar del Estado, nuestro modo de pensar qué hacen las leyes del mercado, si el Estado debe o no intervenir, si debe o no promover. Ese me parece es el desafío que hoy tenemos: diseñar una sociedad donde todos los ciudadanos puedan decir lo que se les ocurra y haya un ambiente en el que se puedan oír la mayor cantidad de opiniones y de voces, sin interferencias, sin censuras, sin represiones, sin miedo. Esa es una sociedad que como sujeto colectivo discute mejor sus problemas. Y eso es decisivo. Un pueblo discute mejor los problemas que se le presentan cuando sus ciudadanos tienen más derecho a la educación y cuando tienen más derecho a la comunicación: cuando están más preparados y cuando pueden oírse mutuamente.

Hay muchos sectores populares que comienzan a ver cuánto mejor es la comunicación amplia, plural y no un sistema de medios monopólicos. Las elecciones de Brasil en parte han probado eso.

Me parece que los ciudadanos de todos en nuestros países vamos aprendiendo a desnaturalizar la información que recibimos de los medios. Ya todos estamos suficientemente avivados de que los medios no son canales neutrales de información objetiva. Los medios (igual que tantos otros actores) están bajo observación, bajo sospecha. Eso es una novedad, y es una novedad buena.

Lo que hizo Veja es una intromisión descarada, vergonzosa.

Sí, pero del otro lado había un pueblo razonable, sensato, conciente. Que no come vidrio. Los pueblos no comen vidrio. Veja pudo hacer lo que hizo: salir el viernes en lugar del sábado, darle a los políticos de la oposición la tapa que necesitaban para salir el sábado y el domingo a hacer campaña sucia con millones de fotocopias de esa tapa. Pero la sola circunstancia de que esos políticos de la oposición hayan pasado ese último fin de semana antes de las elecciones mostrando que lo mejor que tenían contra un gobierno activo, avanzado, protagonista, que lleva doce años cambiando el Brasil, era el libreto que les daba un grupo empresario de los medios, esa sola circunstancia, digo, revela por qué esa oposición política seguidista y sin ideas no podía (como tampoco puede, como tampoco podrá, la que tenemos por acá) ganar una elección democrática. Los pueblos no quieren que los gobiernen los Chirolitas de los monopolios: quieren que los gobiernen políticos preparados, autónomos, representativos y dignos.

¿Cómo ve la situación en la Argentina?

Parecida. Veo un gobierno que se afirma, que ha cambiado el país, ampliado derechos, mejorado la situación de las grandes mayorías. Y que viene dando debates cada vez más complejos en diversos frentes, y en todos ellos haciendo un gran papel. Ya no estamos discutiendo cómo vamos a superar una emergencia tremenda como la que tuvimos en el 2003. Hoy estamos plateando un conjunto de debates nuevos que la Presidenta lleva al seno de los grandes organismos políticos y financieros del mundo, estamos discutiendo como nunca antes las formas de la autonomía y la soberanía económica, tecnológica, energética, comunicativa. Son debates muy importantes. Veo un gobierno con un proyecto y que está promoviendo desarrollos extraordinarios y enfrentando con mucha convicción grandes desafíos. Y que tiene por lo menos una decena de dirigentes de fuste, cualquiera de los cuales podría ser (y alguno de los cuales va a ser, sin duda) un buen presidente de la Nación. Y del otro lado veo una oposición pobre, olfa de los medios, prejuiciosa, reaccionaria, sin liderazgo ni convicciones ni ideas. No veo ninguna posibilidad de que, en este contexto, un proyecto distinto al que hoy se desarrolla desde la cima del aparato del Estado pueda obtener el favor electoral de las mayorías el año que viene.

Pero hay quienes dicen que Scioli, en apariencia el candidato con más posibilidades de triunfo, no da la garantía absoluta de continuidad del proyecto.

No, claro: en política no hay garantías. ¿Qué garantía nos daba la historia reciente del gobernador Kirchner a comienzos de este siglo? Ninguna. No hay garantías en la política, y si buscamos alguna estaría bueno que no la buscáramos en las características singulares de los individuos. No digo que me sea indistinto quién vaya a ser (de los varios que aparecen con más chances: el que mencionó usted, el gobernador Uribarri, el ministro Rossi, el ministro Randazzo, el ex canciller Taiana, el senador Fernández o algún otro) el candidato que proponga el gobierno: la Argentina es un país presidencialista y le doy importancia a la figura del presidente. Pero no es en las características de esa figura donde podremos encontrar las garantías que nuestra ansiedad nos hace reclamar, sino en las relaciones de fuerza, en la lucha de ideas, en la capacidad de esas ideas para penetrar en capas sociales muy grandes, en la movilización de la militancia. Y ahí estamos bien. Estamos muy bien.

                                                                                                A. C.