Si alguna prueba más faltaba agregar a los múltiples vicios que se han hecho públicos y que demuestran el bochorno jurídico que representó en Brasil el denominado juicio de destitución de la ex presidente Dilma Rousseff, esa evidencia la brindó el reciente desafuero sufrido por el hasta hace poco todopoderoso jefe de la Cámara de Diputados de esa nación, Eduardo Cunha. Fue nada menos que él, ahora abandonado a su propia suerte por la mayoría de sus ex aliados en la operación golpista contra la mandataria, el principal inspirador e impulsor de su proceso de remoción. Despojado de su inmunidad parlamentaria deberá enfrentar ahora una abundante secuencia de juicios por graves casos corrupción que se le han abierto ante el Supremo Tribunal Federal. En cuanto al proceso a Dilma, luego de que las dos cámaras legislativas votaron su desplazamiento, permitiendo la asunción de Michel Temer, quedan todavía algunas instancias judiciales por agotar. Queda pendiente un pronunciamiento del Tribunal Supremo Federal sobre el tema requerido por la defensa y un escalón de reclamo más que se sustancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para conocer detalles de cómo se desarrolló el “juicio” y de muchas de las anómalas circunstancias que lo rodearon, Revista Cabal entrevistó al prestigioso abogado y profesor universitario argentino Damián Loreti, especialista en política y derecho a la comunicación y en temas relacionados con la legislación interamericana sobre derechos humanos. La importancia del testimonio de Loreti, además de su conocida versación, es que participó junto a la defensa brasileña de Dilma Rousseff en la presentación que se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las irregularidades y vicios de ese proceso.
¿Cuáles han sido Damián las irregularidades más graves en este proceso de impeachment a Dilma Rousseff, que usted conoció bien de cerca por el hecho de haber sido uno de los abogados del equipo que organizó su defensa?
El primero de los problemas es que no es un proceso judicial. Es un proceso político y aun así debería cumplir con el respeto a las garantías judiciales. Esto en referencia a varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre desplazamiento de autoridades, no solo políticas. En algún caso fueron unos jueces los removidos y en otro un alcalde, pero nunca hasta ahora hubo pronunciamiento respecto de desplazamiento de presidentes en el estilo en que lo fueron  Manuel Zelaya en Honduras o el de Fernando Lugo en Paraguay. Todo el proceso arranca con lo que el Partido de los Trabajadores llamó un chantaje político, basado en que el ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que ahora está apartado y fue privado de sus fueros, le reclamó a esa organización que no apoyara las investigaciones para la separación de su cargo porque si no rompería la alianza de gobierno entre el PMDB, el partido del cual era dirigente, y el Partido de los Trabajadores. Y que de producirse ese apoyo iniciaría un proceso de impeachment para apartar de su cargo a Dilma. Y se cumplió la profecía, que todos los medios calificaban en Brasil como un chantaje político.
O sea, que se concretó la amenaza y empezó el proceso.
Empezó el proceso en la Cámara de Diputados, como cámara iniciadora. La capacidad de ejercicio del derecho de defensa en la Cámara de Diputados como ámbito iniciador fue muy precaria. El abogado de la presidenta fue amenazado diciéndole que sufriría sanciones si mencionaba la existencia de un golpe, cuando lo que se estaba haciendo era una denuncia de carácter político. Finalmente no prosperó, pero había voluntad de sancionarlo. Se le limitó a tres minutos la posibilidad de interrogar a cada uno de los testigos. Tenemos memoria en ese domingo trágico de diputados que votaban por Flamengo, por su familia, en contra del aborto y uno llegó a votar por el torturador de Dilma. Eso marca lo que se llama falta de fundamentación y desviación de poder. Y este proceder violenta algunos antecedentes jurídicos que existen en el marco de la Comisión Interamericana.
¿Y qué cuestionamientos expuso la defensa?
Nuestro cuestionamiento fue -entre otras cosas-  que se votó en bloque. O sea, los bloques políticos habían adelantado su posición, con lo cual rompieron la obligación de imparcialidad en el análisis de hechos cuando se reclaman garantías judiciales. Se violó también la regla de imparcialidad, porque estaba decidido con anticipación la postura, es decir, antes de que se hiciera la votación en Diputados. Y cuando llega al Senado, la cantidad de reclamaciones que se hacen por las violaciones de garantías judiciales, sumadas a las de violación de derechos políticos  –que reclaman que no hay restricción de derechos políticos sin una condena penal-, llevaron a un situación tal que el Senado, cuando aprueba “la pronuncia”, es decir, el último paso tras la separación antes de la audiencia de juicio político, enuncia una profecía a punto de cumplirse: se iba a separar a la presidenta sin que hubiera condenas penales. Y la falta de motivación era tal que nadie tomó en cuenta ni las pericias ni el hecho de que nunca desde 1937 en adelante fue objetado el dictado de decretos como el que dictó la presidenta y nunca el Tribunal de Cuentas del país se había expedido en contra. Y de hecho el ingreso de ese informe todavía no está aprobado en el Senado. Y respeto de lo que se llaman “pedaladas” fiscales, como delito de apertura de operaciones de crédito con bancos oficiales sin autorización, ya el fiscal había dicho que no había delito. Con lo cual Dilma ni siquiera tiene imputación. Y cuando se analizan las propias declaraciones de los senadores en las propias actas, uno se encuentra que con hay confesiones de que se está cumpliendo con un rito, que ese proceso ya está resuelto y que allí no se va a engañar a nadie, no importa lo que se diga y no es necesario que se pruebe nada.
¿Qué se hizo desde la defensa con todo eso?
Se hizo una denuncia de caso diciendo que se habían violado los derechos políticos, los derechos que emanan del principio de legalidad y de garantía del debido proceso, sumado a una solicitud de medidas cautelares reclamando, mientras la presidenta estaba suspendida en su cargo, que se la reinstalara, se dejara sin efecto el juicio político por los vicios existentes o, en su defecto, se verificara por la Comisión Interamericana que la consecución del juicio se iba a hacer con el debido cumplimento de las garantías. La Comisión Interamericana hizo un pedido de informes muy estricto antes del apartamiento, luego hizo un comunicado muy duro, que no es una medida cautelar, por supuesto, pero es un comunicado que dice que observará cómo se desenvuelven los acontecimientos, particularmente en el poder judicial y que le recuerda al Estado de Brasil que están pendientes la petición y la medida cautelar, que siguen su curso.
¿Y cómo fue la audiencia en el Senado?
La audiencia del Senado tuvo varias irregularidades. La primera fue que se la interrogó más como una interpelación política que respecto de los hechos del caso. Y ahí, en mi criterio, la presidencia de la sesión no estuvo a la altura de los acontecimientos. La presidente declaró durante 14 horas hasta del estado de la energía eléctrica. Y eso no tenía que ver con los hechos. Ella varias veces reclamó que se estaban apartando de los hechos del caso. Respondía a partir de las preguntas que le hacían los senadores, que tenían cada uno seis minutos para interrogarla. Y en lugar de preguntar, la mayoría de los senadores hizo un discurso y terminaban con una pregunta. Esas preguntas en el 85 por ciento de los casos tenían que ver con otras cosas. Al fundar el voto también tenían que ver con otras cosas. Hubo también dos testigos de la acusación que se los relevó de prestar declaración bajo juramento. Así tenían menos idoneidad como testigos, eran meros informantes. Uno de ellos fue impugnado por la defensa porque en su página personal de Facebook instaba a la gente a que fuera a una movilización a peticionar el rechazo de presentación de cuentas de Dilma. Lo paradójico, o no tanto, es que esta persona, Julio Marcelo de Oliveira, es representante del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal de Cuentas. O sea, juez y parte. Y el otro llamado Antonio Dávila, que participó de la redacción de la denuncia y después fue testigo, era funcionario del Tribunal de Cuentas del país y le imputan haber cursado la revisión de las observaciones a una secretaría que no era la competente. Por lo tanto, la cantidad de vicios que hubo en esa audiencia es muy grande y culmina con que a la presidenta se la sujeta a una votación en la que estaban todos los casos –el de los decretos y el de las famosas “pedaladas” fiscales- son puestos en la misma pregunta. Con lo que ahí hay consenso por acumulación, porque algunos podían entender que era responsable en uno y no en otro, pero ahí sumaban. Y después de la votación, hubo senadores que dijeron que no la habían querido inhabilitar. En ese caso se dividió la votación, debido lo cual quienes pugnaban por inhabilitarla por ocho años no llegaron a los dos tercios necesarios para hacerlo. Y eso, decían, porque creían que no era responsables de crímenes de responsabilidad, como técnicamente se llaman a estos delitos en la Constitución. Y si no es responsable, ¿cómo es que votaron la destitución? El proceso pues estuvo lleno de acusaciones de responsabilidades que nunca se probaron.
¿Y qué es lo que está en trámite ahora?
Lo que está en trámite son recursos del equipo de defensores de la presidenta en Brasil ante el Tribunal Supremo Federal del país.
¿Y ante la Comisión Interamericana?
Para eso hay que esperar todavía que se expida el Tribunal Supremo Federal en base a lo nuevo que se somete a consideración, para después acumular la petición.
Si hubiera una eventual decisión condenatoria de la Comisión Interamericana, ¿eso tiene un carácter obligatorio, no?
Si resuelven medidas cautelares, que no son técnicamente un fallo, si es obligatorio para los países cumplirlas. Esperemos primero la medida y después vemos.
¿Qué información se tiene del Tribunal Supremo Federal? ¿Se puede esperar una decisión de su parte que condene lo que se hizo?
Tengo la impresión, pero no es más que eso, una impresión, de que el Tribunal Supremo no quiere resolver quién es el presidente del Brasil. De hecho, hay una norma que limita constitucionalmente al Tribunal Supremo en lo que se llama “resolución de mérito”. Y por ella determinar si es culpable o no le corresponde al Senado. El Supremo es para esto solo tribunal de garantías. Y las denuncias que se están haciendo ante él son de violación de garantías.
Si el Tribunal se expidiera en forma favorable, ¿qué pasaría? ¿El tema volvería al Senado?
A ver. Si las cosas salieran muy bien y el Tribunal decidiera la nulidad de algunas de las cosas que se hicieron en el Senado, le debería devolver el tema al Senado. En ese caso reasumiría la presidenta. Hay que ver, pero objetivamente tendría que volver porque se agota el plazo de los 180 días de la suspensión, que es lo máximo previsto en la constitución de Brasil de 1988.
¿Y la otra alternativa es que el Tribunal Supremo no se expida? ¿Qué pasaría en ese caso?
Le reclamaríamos a la Comisión Interamericana en base a lo que se llamaría violación de justicia o denegación del recurso judicial efectivo.